LOS TRIBUNALES REQUIEREN AL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEPOSITAR LOS 2.248.092 EUROS QUE CUESTA EL PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE SANTA MARINA

PARALELAMENTE EL CONSISTORIO ESTÁN DANDO LOS PASOS PARA LEGALIZAR LAS OBRAS EJECUTADAS AL AMPARO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

La Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Cantabria, a través  de un reciente auto, ha requerido al ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para que deposite a la empresa Tragsa 2.248.092,67 euros por el proyecto de demolición de la urbanización de Santa Marina (La Revilla) del que ha sido nombrada como ejecutora dicha empresa pública por los tribunales.

Asimismo el Ayuntamiento de San Vicente deberá de nombrar un director facultativo de la obra y coordinador de seguridad y salud y trasladar al Parque Natural de Oyambre toda la documentación del proyecto para que emita el preceptivo informe favorable

En dicho auto se responsabiliza al alcalde del cumplimiento de dichas obligaciones, contemplando imponerle multas coercitivas  o ponerlo en manos del fiscal por desobediencia a efectos penales.

Ante esta situación el Ayuntamiento de San Vicente ya ha nombrado  coordinador de seguridad y ha solicitado auxilio al Gobierno de Cantabria para que designe un director de obra al no contar en su plantilla con personal para ello. Asimismo ya le ha remitido al Parque Natural de Oyambre, a la Confederación Hidrográfica y  a la Crotu el proyecto de demolición para recabar sus preceptivos informes.

Por otra parte le ha remitido escrito al Juzgado señalando la imposibilidad  de poder cumplir en el plazo fijado de un mes la entrega de la cantidad requerida de 2.248.092,67 euros  a favor de Tragsa al no tenerlo contemplado en sus presupuestos del actual ejercicio, para lo cual se va a iniciar, una vez entre en vigor el presupuesto del ejercicio 2019, un expediente de modificación de crédito  con dicho fin que no podrá estar concluido hasta el próximo mes de mayo.

El ayuntamiento de San Vicente de la Barquera recuerda que esta situación  viene originada como consecuencia del largo litigio judicial al que ha estado sometido por el complejo proceso urbanístico que ha vivido el municipio desde que en el año 1988 se aprobó la Ley por la que se declaró a Oyambre como Parque Natural, en la que se contemplaba aprobar en el plazo de un año un Plan Especial que sin embargo tardó más de 10 años en aprobarse. Mientras tanto se había aprobado una Ley estatal que señalaba que lo que debía de aprobarse era un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que en el caso de Oyambre no se contempló.

En el año 1.999 San Vicente de la Barquera aprobó unas nuevas normas urbanísticas en las que se apoyó la aprobación del Plan Parcial de Santa Marina y el de la urbanización.

En el año 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anula la nueva normativa urbanística de San Vicente de la Barquera, sentencia que fue confirmada en el año 2004 por el Tribunal Supremo, lo que ha provocado también las posteriores anulaciones del Plan Parcial de Santa Marina y del proyecto de urbanización.

Aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Oyambre en el año 2010 ha permitido al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera redactar un Plan General de ordenación Urbana que fue definitivamente aprobadas en agosto del año 2015. En dicha Plan se contempla de nuevo el suelo urbanizable de Santa Marina, aprobando en agosto del año 2017 el proyecto de urbanización con el que se esperar poder legalizar las obras ejecutadas al amparo de las normas urbanísticas del año 1.999 posteriormente anuladas por los tribunales, existiendo una entidad promotora que recientemente ha presentado estatutos y bases de actuación para constituir la Junta de Compensación del Suelo Urbanizable de Santa Marina los cuales fueron aprobados inicialmente en la Junta de Gobierno Local del pasado 28 de enero.

Todos estos pasos dados por el ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para intentar legalizar todo lo ejecutado hasta el momento en Santa Marina y así evitar el grave quebranto que supondría para las arcas municipales la ejecución de la sentencia por la que se tendría que abonar los 2.248.092,67 euros del coste de la demolición, no ha sido posible hasta el momento ya que los tribunales obligan a tener el proceso totalmente terminado.

Para ello el pasado 28 de enero Junta de Gobierno Local ha aprobado las Bases de Actuación del Suelo Urbanizable de Santa Marina a instancias de la mercantil Proequity Desarrollos y Actividades Inmobiliarias S.L. quedando pendiente la constitución de la Junta de Compensación para que se pueda considerar totalmente legalizadas las obras.